Mañana será tarde

José Antonio Zarzalejos (Bilbao, 1954).

Planeta, 2015. 320 Páginas.

José Antonio Zarzalejos (Bilbao, 1954) es una de las voces respetables entre las que diseccionan la historia actual de nuestro país, a lo cual sin duda ha contribuido su carrera, que incluye responsabilidades como la de editor de El Correo de Bilbao (1989 – 1999), director de ABC (1999 – 2004 y 2005 – 2008), secretario general del grupo Vocento (2004 – 2005) y colaborador de El Confidencial (2009 – hoy), además de colaborar en distintas entidades empresariales y de comunicación. Es autor de otros ensayos políticos y sociales, como Contra la secesión vasca (2005) y La destitución. Historia de un periodismo imposible (2010).

La crisis económica provocada por el derrumbamiento de la empresa financiera Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 ha cristalizado, según los países, en consecuencias sociopolíticas diversas. En el caso de España, las urgentes medidas de ajustes iniciadas con la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero (2008–2011), y que se extienden hasta hoy, desembocaron en una devaluación de las clases medias, lo que ha acelerado un proceso de precarización del sistema político-institucional y expresado notoriamente a través de la desconfianza o desafección de la ciudadanía hacia sus clases dirigentes.

Los sucesivos gobiernos se han revelado ineficaces a la hora de llevar a cabo las reformas políticas que los nuevos tiempos requerían, y en todo caso se han limitado a imponer atropelladamente el dictado de recortes, reformas y rescates de la troika, pero mediante los mismos engranajes de siempre. En un alarde de estrechez de miras, no se alteró el statu quo en lo más mínimo. Empezando por la reforma del artículo 135 de la Constitución (la famosa “regla de gasto”) de Zapatero en 2011, con el beneplácito de la oposición popular; siguiendo con la abdicación de Juan Carlos I, medida que tampoco es más que un parchetazo de urgencia sin reformar ni resolver fallo sistémico alguno; y terminando con la profundización de la grieta de Cataluña y del País Vasco. Y, alarmantemente, los medios de comunicación participan del debilitamiento, perdiendo su valor de contrapeso vigilante abandonándose al mercantilismo.

Dejando de lado cuestiones que quizá también merecían una detención, como el estado de la Justicia y la Educación, Zarzalejos separa y disecciona cada uno de estos síntomas en un análisis que cuenta entre sus méritos encuadrarlos en el marco histórico-político de forma rigurosa y exhaustiva.

Los colores de la corrupción

Según el autor, el principal problema a solucionar en la lucha contra el ambiente de crisis de corrupción en el que nos encontramos no es tanto el de las prácticas corruptas, sino el de las prácticas “corruptoras”, es decir, todos aquellos factores que inducen o permiten la corrupción convirtiendo así muchos de los casos en no constitutivos de delito. Es, por tanto, más una responsabilidad del sistema que lo permite que de los actores que se aprovechan de él. Ahí están el Consejo de Administración de Caja Madrid incitando al gasto con tarjetas black con el objetivo de crear una red clientelar endogámica, los mecanismos de financiación de las Cámaras Legislativas que permiten los viajes a Canarias de Monago, las competencias urbanísticas de Ayuntamientos libres de los extinguidos Cuerpos Nacionales de la Administración Local, la Ley de Financiación de Partidos, etc. Y contra todo esto, una serie de medidas paliativas que se podrían englobar en una propuesta de “rescate a la justicia” y que pase, por ejemplo, por modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que convierte cada instrucción en un sumario titánico eterno.

Llama la atención que se mencione aparentemente tan de pasada el aspecto ético del problema que subyace en el hecho de que, por mucho que los mecanismos lo permitan, alguien se ofrezca a una corrupción deliberada. Como dice el autor, “los circuitos de responsabilidad política y jurídico-judicial son radicalmente diferentes”, y esto no se entiende sin la llamada a una responsabilidad pública que se antoja hoy más necesaria que nunca.

El Rey y las líneas rojas

La crisis constitucional ha venido a coincidir en el tiempo fatídicamente con una serie de desafortunados incidentes protagonizados por la Corona como institución, la Familia Real e incluso directamente la persona del monarca Juan Carlos I, empezando por las disculpas por cazar elefantes en Botsuana en 2012, pasando por los escándalos de corrupción, la desestructuración familiar y poniendo la guinda con la bochornosa Pascua Militar de enero de 2014. Puesto que una jefatura de estado no electiva constituye una anomalía democrática, sólo puede sostenerse si aporta ciertos beneficios. Una Corona totalmente funcional “puede comportarse como contrafuerte del edificio estatal porque no se somete a los vaivenes de la renovación democrática o al desgaste del ejercicio efectivo y constante del poder”. El recambio en la persona de Felipe VI puede ser una oportunidad de oro para recuperar la legitimidad perdida. Para ello, la irreversibilidad del actual estado del problema obliga a una reforma constitucional que propicie un referéndum vinculante que la respalde por un lado y que, por otro, la someta a sus obligaciones de “ejemplaridad, la superación de cualquier tipo de partidismo, la transparencia […], la laboriosidad del titular y de su familia y el cumplimiento estrictísimo de sus funciones constitucionales”.

Cataluña, la grieta española

Es cuando más perdido parece el proyecto de Estado cuando menos sentido parece tener sostenerlo en común. Por eso, de la mano de los fantasmas económicos vuelven los fantasmas territoriales. La legitimidad de sus argumentos constituye su mejor arma, que hoy en día se hace acompañar desde el poder por una comparsa que incluye manipulación, un uso distorsionado de la historia, una idiosincrasia victimista y un rosario de organizaciones “sociales” y publicidad escénica. Por otro lado, e igual de importante, está la nefasta gestión que, para no faltar a nuestra cita con la Historia, se hace desde el gobierno central: quietismo cuando no reaccionarismo y actuaciones institucionalizadas que dejan un regusto a autoritarismo y politización (supresión del Estatut por el Tribunal Constitucional en 2010). A lo que hay que sumar el vacío político dejado por el viraje nacionalista de la izquierda catalana. Todo esto forma el caldo de cultivo perfecto para que el desastre económico se convierta también en un nuevo episodio de la crisis de convivencia catalana que reabre no pocas grietas sociales: entre CDC-UDC, entre CDC y los empresarios, entre ciudadanos, amén los pactos antinaturales entre coaliciones tan diferentes como CDC, ERC y la CUP.

Da la impresión que el análisis que hace el autor del problema catalán peca de superficial. El origen del debate no parece una auténtica reacción secesionista popular. A la vista de la historia reciente, da la impresión de que se trata de un uso interesado y oportunista del nacionalismo por parte de una clase dirigente para anquilosarse en el poder. Debatir sobre Cataluña hoy puede significar debatir no sólo sobre una eventual escisión, sino sobre la prostitución de las convicciones de una sociedad con la simple excusa del ansia de poder.

Ocho apellidos vascos

La diferencia fundamental que se señala entre el problema vasco y el catalán es que el vasco puede ser un problema con un contenido más sociológico. Nadie debería dar las gracias porque se le perdone la vida por el libre desempeño de sus derechos. La sociedad vasca puede, dice el autor, estar aún “enferma” (lit.) por haber obviado el ejercicio de reflexión y contrición necesario para darse cuenta de ello. ETA no ha sido simplemente una banda terrorista. ETA ha contado con un tentáculo civil que ha contribuido a atemorizar a los vascos hasta el punto de resignarlos o hacerlos colaboradores. Colaboradores ciudadanos como unos empresarios obligados a ceder al chantaje, colaboradores políticos como un PNV que lo ha usado para beneficio propio sin ningún tipo de escrúpulo, o colaboradores políticos en la figura del propio Estado español al participar en su juego sucio en forma de GAL o al proveernos de una justicia a efectos prácticos inoperante (como atestiguan los numerosísimos expedientes pendientes aún de cerrar). Por tanto, la respuesta del Estado vuelve a no estar a la altura, y el espíritu de Ermua acabó malográndose. Por un lado, la derrota de la internacionalización del conflicto impide actuaciones autónomas de instituciones como la Fiscalía o el Congreso. Por otro lado, la lucha armada no ha concluido con una rendición, sino que se ha transformado en un debate político contra un abertzalismo impenitente que se felicita de que no nos demos cuenta de que condenar la violencia no implica condenar unas ideas.

Poder tóxicos y medios prostituidos

En momentos tan convulsos como éstos, parece que el contrapeso periodístico al poder es imprescindible. Pero nos permitimos el lujo en España de prescindir de él. Los medios de comunicación españoles están gravemente deteriorados debido a su conglomerado con el poder político y económico, que ha difuminado la frontera entre intereses e información. Para el autor, el origen está en la aventura multimedia de las primitivas empresas de información. La mala gestión de esta aventura las ha sometido a las licencias públicas y a las inversiones privadas. Los intereses de terceros han llegado a tener tanto peso que hoy en día se entienden prácticas tan humillantes como ruedas de prensa sin preguntas o directamente a través de circuitos cerrados de televisión desde la habitación de al lado. La ley 17/2006 del gobierno socialista de Zapatero parecía una solución. RTVE alcanzó sus cotas máximas de audiencia y valoración, pero duró poco. Las presiones del sector privado forzaron la modificación de sus cauces de financiación y su nueva subordinación a la inversión pública y privada.

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